IMPACTO DE LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN LA SEGURIDAD NACIONAL
l.- Conceptualización.
Cuando se escucha el término de Seguridad Nacional, es común que lo asociemos con espías, o con tanques y soldados; sin embargo, este concepto va mucho más allá de una perspectiva militar o de secrecía y espionaje, tan es así que incluye temas tan diversos y sensibles como la alimentación, la salud pública, la ecología y medio ambiente, las finanzas públicas, la educación, la diplomacia, la imagen internacional y obviamente la Gestión del Riesgo de Desastre y la Protección Civil.
La Seguridad Nacional es un concepto que ofrece dificultades para definirlo, por lo que cada estado lo establece en función de las realidades que observa en su desarrollo político, económico, social y militar[1].
La contextualización de la Seguridad Nacional en México ha sido un tema bastante dinámico desde su oficialización en 1976, cuando se incluye el concepto en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el principal problema del concepto ha sido la falta de consenso, que se aprecia en el desequilibrio con que se trata en la literatura sobre el tema. En Primer término, una gran cantidad de análisis, principalmente en el campo de estudios estratégicos; en segundo lugar, en la mayor parte de ellos se enfatiza el aspecto militar, minimizando otras dimensiones de la seguridad nacional relacionadas con factores políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente[2] y, de manera especial, desastres[3].
El concepto mexicano contempla tres características fundamentales, a saber: la soberanía nacional, el poder nacional y el proyecto de nación. Sin embargo, en nuestro país el concepto ha sido adaptado a cada cambio de administración, desde que José López Portillo lo contemplara en 1976, con la idea de convertir a México en una potencia petrolera. Después se definió el concepto de seguridad nacional, desde una perspectiva oficial, concretado como parte de una estrategia gubernamental, en el Plan Nacional de Desarrollo 1980-1982, dentro del capítulo “Bases Políticas y de Justicia”. El concepto adquiere relevancia y una citación expresa con la administración de Miguel de la Madrid, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en el que se establece que “para el Estado mexicano la seguridad nacional radica en el desarrollo integral de la Nación, como herramienta esencial para mantener la condición de libertad, paz y justicia social dentro del marco institucional”, misma que se vuelve una paradoja al posponer estos valores con el programa de austeridad sexenal.
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ya existe una concepción más elaborada, al incluir el marco del Derecho y al pueblo en la definición, dotando con ello de un equilibrio dinámico de los intereses de los diversos sectores de la población; y el Plan Nacional de Desarrollo en esta misma administración señala como parte de la estrategia para “preservar y fortalecer la soberanía”, la necesidad de “actuar con firmeza y anticipación a fin de evitar todo acto externo que pueda convertirse en una amenaza”. Por su parte, en la administración de Ernesto Zedillo no se contempla ninguna definición explícita del concepto, sino que exalta la protección de la soberanía nacional.
Paradójicamente, la administración de Vicente Fox introduce una aportación importante: una proyección de nuestro país al 2025. Con respecto del sexenio zedillista, el de Fox, sí contempla una definición: “tiene como metas principales velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones”. Ya existe una inclusión social puesto que, con una visión integral y amplia, considera la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad de la población a los desastres naturales, la destrucción ambiental, el crimen y la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, y la corrupción como “las verdaderas amenazas a las instituciones y a la seguridad nacional”[4].
En el Siglo XXI el concepto de Seguridad Nacional, debe tener una connotación multidimensional de acuerdo a la gran cantidad de amenazas que se incorporan como temas de carácter global, tales como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos, por supuesto; también se contemplan como amenazas la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, pues afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética; adicionando también la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo y terrestre de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva y sus medios vectores por terroristas. Además y, sobre todo los desastres, ya que éstos interrumpen y detienen por tiempo indefinido el desarrollo de una zona, una región o un país en su totalidad.
II.- Contexto.
El mes de septiembre de 2017 fue sui géneris para México. En poco menos de 30 días, una tormenta tropical, dos huracanes y dos sismos pusieron a prueba al Sistema Nacional de Protección Civil, a la sociedad y a las autoridades; y estos tres actores nos vimos rebasados por las contingencias, que cobraron más de 400 vidas.
i.- En las primeras horas del 1 de septiembre, la tormenta tropical Lidia impactó en el sur de la Península de Baja California, provocando lluvias torrenciales y ráfagas de viento en varios estados del país, tomando la vida de siete personas, dos de ellas menores de edad. Lidia ocasionó daños en viviendas y carreteras. El oleaje alcanzó los 4mts de altura; al menos 2,500 personas se resguardaron en albergues temporales y 10,000 fueron a casa de sus familiares para protegerse. La Comisión Federal de Electricidad desplegó a 1,559 elementos para restablecer la electricidad en las zonas afectadas. Elementos de la Armada y de la Policía Federal ayudaron a la población en las zonas de La Paz y Los Cabos. Cerca de 20,000 turistas quedaron varados en la zona afectada.
ii.- A las 23:49 horas del jueves 7 de septiembre, el sur de México, en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas, se localizó el epicentro de un movimiento telúrico magnitud 8.2, el más poderoso de los últimos 100 años. El sismo dejó cerca de 100 personas muertas y 110,000 inmuebles dañados en los estados de Oaxaca y Chiapas. De los fallecimientos, 71 ocurrieron en Oaxaca, 15 en Chiapas y cuatro en Tabasco, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil.
iii.- La madrugada del 8 de septiembre El huracán Katia de categoría 1 tocó tierra en Veracruz, dicho ciclón dejó dos personas muertas en Veracruz y afectaciones en 235 viviendas.
iv.- El jueves 14 de septiembre, el huracán Max, categoría 1, impactó en las costas de Guerrero, dejando su paso lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en Guerrero, Oaxaca y Michoacán y con afectaciones en más de 3000 viviendas.
Dos días después, la tormenta tropical Norma también puso en alerta a la península de Baja California. Afortunadamente, este meteoro sólo dejó lluvias a su paso y no ocasionó incidencias mayores.
v.- A las 13:14 horas del 19 de septiembre, un sismo magnitud 7.1 remeció el centro del país, ocasionando el derrumbe de edificaciones en Puebla, Morelos y la Ciudad de México. En la capital del país, 39 edificios colapsaron y aún se siguen protocolos de evaluación para determinar el nivel de daño en miles de viviendas. Este fenómeno dejó un total de 358 personas fallecidas a razón de: en la Ciudad de México (217), Morelos (74), Puebla (45), Estado de México (15), Guerrero (6) y Oaxaca (1), según un reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
III.- Análisis
Mucho más allá de los datos generales y publicados por medios de comunicación, es necesario comprender que las afectaciones no sólo son en vivienda, infraestructura, ni lamentablemente en la pérdida de vidas humanas. El impacto va mucho más allá de lo socialmente perceptible. Tanto en la Ciudad de México como en las demás entidades federativas cerca de 328,662 establecimientos económicos fueron afectados por los sismos ocurridos los pasados 7 y 19 de septiembre. Esta cifra representa el 16.1% de todos los negocios instalados en las ocho entidades más afectadas por los movimientos telúricos, que son Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. El 83.9% restante descartó tener daños en su infraestructura productiva o afectaciones en los servicios que ofrece, y es importante este dato, puesto que las entidades mencionadas concentran el 41.4% de los establecimientos económicos del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía[5]
El 90% de las empresas que sufrió afectaciones no había recibido alguna ayuda y esta situación fue más grave en Guerrero (el cual tiene un severo problema con la Delincuencia Organizada), donde el total de los afectados carece de apoyo, así detalla en la encuesta sobre las afectaciones que se realizó los días 25, 26 y 27 de septiembre y sus resultados representan un universo de 2.041 millones de negocios en los estados afectados. Este estudio mide establecimientos localizados en comunidades urbanas de 2,500 habitantes y más, y se centra en unidades económicas con afectaciones parciales en la actividad que realizan, además ofrece información cualitativa con base en las opiniones de los empresarios.
Un tema delicado es el impacto que tuvieron los sismos en el tema de Crecimiento Económico; a sólo tres meses de ocurridos, es poco lo que todavía se puede decir sobre el impacto en términos concretos. Sin embargo, hay analistas que proyectan una reducción de alrededor de -0.35% al estimado del crecimiento del tercer trimestre del año, que es de 2% (Citibanamex). Para todo el año, el efecto negativo en la tasa de crecimiento, también de 2%, sería de -0.1 por ciento. Proyecciones más pesimistas ubican la afectación en el crecimiento anual por hasta -0.3% del PIB (IHS Markit)[6].
A juzgar por las cifras, el impacto sería moderado, sobre todo si se le compara con el que tuvo el sismo de 1985 de entre 2.1 y 2.4% del PIB (Comisión Económica y para América Latina y el Caribe, CEPAL). Si bien el tipo de cambio no sufrió afectación significativa alguna (al menos no directamente por el sismo), otras variables, como las exportaciones, podrían no verse afectadas.
El impacto de los sismos provocó, ciertamente una desaceleración de crecimiento en el tercer trimestre de 2017, sólo un 1.5%, en comparación con el mismo periodo de 2016, respecto al 1.9% de tasa anual, del segundo trimestre de 2017.
Por otro lado, la producción agrícola en los estados afectados (la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos) puede verse afectada de manera temporal, y advirtiendo que los tres primeros representan 25% del PIB nacional. Lo anterior podría indicar que es posible que la inflación se viera afectada en algunas regiones y por un corto periodo de tiempo.
Ahora bien, el aspecto social es un tema otrora delicado. La respuesta solidaria de la sociedad civil fue abrumadora, inmediata y en muchos momentos y muchos lugares, carente de coordinación. Inclusive, funcionarios de los tres niveles de gobierno, en distintas entidades, no solamente no fueron bienvenidos en las zonas de desastre, sino que fueron echados, denostados, agredidos (algunos con vías de hecho), vilipendiados y repudiados por la falta de respuesta oportuna a las demandas de los damnificados, no como responsables de lo ocurrido, sino que el sismo y sus efectos fueron detonantes, como una razón para expresar de manera incisiva el reclamo de la sociedad por causas ajenas, pero colaterales.
Aproximadamente el 10% de la población nacional fue afectada por los sismos; 12 millones de personas resultaron damnificadas, alrededor de 250 mil quedaron sin vivienda, y no todos pudieron colocarse o resguardarse en casas de familiares y/o amigos, hay una gran cantidad viviendo aún en condiciones precarias y lamentables, en espera de recibir la ayuda prometida.
Parafraseando a José Luis Flores -Metaemergencia-, experto en temas de Protección Civil, “Emergencia mata a Emergencia”, lo que significa que las 184 mil viviendas afectadas parcial o totalmente en Chiapas y Oaxaca por el sismo del 7 de septiembre, quedaron en espera de recibir la ayuda, la cual detuvo severamente su flujo durante algunos días al presentarse el sismo del día 19, más mediático, más reciente y con mayor impacto histórico y social, por la fecha y el lugar.
El tema educativo y cultural es de los más importantes. Poco más de 16 mil escuelas resultaron dañadas y aproximadamente 1,800 edificios con valor arqueológico artístico o histórico, tuvieron afectaciones serias. El tema central, sin duda, es la inasistencia escolar; detener las clases por falta de instalaciones, por no hablar de la exposición de los educandos debido a la vulnerabilidad de las mismas, es un factor que perjudica seriamente el desarrollo y el crecimiento de la Nación. Los traumas provocados por el evento generan en los estudiantes irritabilidad, cólera, enojo, ansiedad, bloqueo de recuerdos y entorpecen seriamente sus relaciones sociales, que a la larga y como sucedió con los sismos de 1985, crean núcleos aún más vulnerables dentro de la sociedad. Por su parte los edificios con valor histórico afectados, presentan un riesgo a la población y al entorno. Seamos conscientes de que una fachada del S XVII sostenida por polines, causa más riesgo y también más lástima, que valor histórico.
En muchos casos se presentaron incontables actos de pillaje y rapiña que alimentan el descontento social, puesto que las Fuerzas de Seguridad, locales, estatales y federales estaban volcadas en las tareas de ayuda humanitaria, y siempre hay oportunistas deleznables que abusan de las circunstancias, hicieron crecer el descontento social. La falta de atención a este tema provocó brotes de ingobernabilidad y violencia, llegando en no pocas ocasiones al linchamiento.
El tema social, no termina al pasar la emergencia, quedan los desplazados o damnificados y afectados, directa o indirectamente, en una condición igual o mayor de vulnerabilidad que la que vivían antes de los sismos. Recordemos que, a tres meses del evento, aún había gente que pernoctaba en las calles. Inclusive, y en una apreciación personal, se perdió el ánimo de solidaridad y comunidad que existió en la sociedad en los días post-sismo, sumiendo de nuevo en la indolencia y desinterés a los actores sociales. Impidiendo a todas luces que el sentimiento de unidad nacional y solidaridad social permeara en ellos mismos.
Las pérdidas a causa de los sismos, y de cualquier desastre, se convierten absolutamente en obstáculos del desarrollo sostenible. La atención del desastre, la provisión de ayuda humanitaria a las personas afectadas, la reposición de servicios básicos, la recuperación de los medios de vida y la reconstrucción de las obras de infraestructura dañadas, han demandado el uso de importantes recursos públicos y privados que en otras circunstancias se emplearían teóricamente en promover el desarrollo, luego entonces el desarrollo sufre una desaceleración o un retroceso, como pudimos observar en Haití después del evento del 12 de enero de 2010, y 14 de agosto de 2021, obviando que en nuestro país las circunstancias son diametralmente opuestas.
Los temas mediáticos subsecuentes al 19 de septiembre hicieron que sociedad y gobierno ignorasen la dimensión real del problema, lo cual puede llevar a pasar por alto potenciales pérdidas que, dependiendo del estado de la economía del país, podría llegar a comprometer su solvencia fiscal con el consecuente impacto sobre el bienestar de la población y nuestras expectativas de crecimiento y desarrollo.
Además, aun cuando la respuesta del Gobierno de la República, de los gobiernos estatales, municipales y delegacionales fue eficaz, en términos generales, debe hacerse patente la rectoría de las acciones a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada de México, Policía Federal, la Gendarmería, el Sistema para Desarrollo Integral de la Familia y de la Cruz Roja Mexicana que no son el eje rector para estos temas; obviamente, sin demeritar el esfuerzo de un sinnúmero de instituciones locales, federales, públicas y privadas que se dieron a la tarea de canalizar y contener la energía social desplegada por estos acontecimientos.
Desafortunadamente, y con la proximidad de la sucesión presidencial y del Congreso de la Unión, muchos institutos y actores políticos comenzaron a lucrar políticamente con la tragedia, dejando de lado la urgente necesidad de generar un esfuerzo público-privado de reconstrucción a corto y mediano plazo. Sino que de manera demagógica encontraron la oportunidad de tocar las fibras sensibles a causa del evento, para realizar actos tristemente electoreros, pero aumentando el descontento social. Tampoco existieron programas reales o específicos para estimular el crecimiento económico en las ciudades y municipios afectados por los sismos, y mucho menos para instrumentar, con base al clamor popular, mecanismos que permitan la transferencia de recursos de los partidos políticos a las tareas de reconstrucción de la infraestructura pública y de casas habitación de damnificados, situación que ha acrecentado el descontento social.
En otro orden de ideas, se notó la gran necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, ya que fue evidente que no toda la sociedad civil y gran parte de las autoridades, incluidas las responsables de la Protección Civil, estaban realmente, preparadas, aun cuando se realizó un simulacro, justamente con una hipótesis de sismo un par de horas antes del evento. Así también, en las labores de respuesta, la carencia de una coordinación real, profesional y sensata resultó en la pérdida de vidas.
Así también, en el aspecto conceptual de la soberanía, se pactó la llegada de personal militar y civil, de dos países en particular, con entrenamiento especial para la realización de dos operaciones específicas de rescate en un mismo edificio, tanto de recuperación de cadáveres como de equipo de información. Esta situación quizá vulnere un poco nuestra concepción de soberanía, pero puede abrir más los esquemas de colaboración bilateral respectivamente, pues quedó todo como un favor que se hizo por parte del Ejecutivo a las embajadas de los países en comento.
Se puso en marcha el Plan MX, que no es otro más que poner activar el Plan DNIII-E y el Plan Marina y la participación de Policía Federal y la consecuente distracción de efectivos militares y federales para realizar labores que, si bien están definidas y establecidas en sus atribuciones, no son las principales. Sin embargo, la propia Ciudad de México pudo haber hecho frente a la tragedia con sus propios recursos y los ofrecidos y/o solicitados al extranjero. En cambio, sí fue necesaria la presencia de las fuerzas federales en las demás entidades impactadas.
Es evidente que cuando sucede un desastre, ya sea por causas naturales o antropogénicas, se desajusta el entorno social, económico, político, ambiental y se desencadenan eventos que afectan el desarrollo de la comunidad, en lo particular, o de un país o una región entera, en lo general. No sólo por los daños y pérdidas que se hayan ocasionado por el impacto del fenómeno perturbador como tal, sino que también implica un retroceso en el desarrollo social y económico. Se detiene la industria, se pierden materias primas, se dañan maquinarias, por mencionar ejemplos concretos, deteniendo la Cadena de Suministro. Por otro lado, los costos para movilizar equipos de respuesta, es decir recursos humanos y materiales, son elevados y la mayoría de las veces no se tiene la capacidad, en ámbitos locales, para enfrentar estas situaciones, por lo que se distraen efectivos de diversas áreas federales para su atención. No sólo mencionamos Ejército, Armada y Policía Federal, sino las brigadas de Salud, comisiones de dependencias federales como SEDESOL (ahora Bienestar [¿?]), SHCP, SEMARNAT, CONAGUA o CFE, por citar algunas.
Con independencia de que se contaba con instrumentos financieros para hacer frente a estos eventos como el Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), la inversión debiera inclinarse más a la prevención; es decir, no como discurso sino como acciones reales encaminadas a mitigar los riesgos que se suscitan de manera local. Para ello se requiere incluir la Gestión Integral de Riesgos en la Agenda de Seguridad Nacional, respaldada por estudios de vulnerabilidad y tendiente a la protección de la vida humana, de los bienes y el entorno, tal como debe establecerse en un proyecto de nación real, cuyo objetivo sea la pervivencia del Estado[7].
Aun cuando desde mayo de 2009 la Protección Civil está reconocida como una instancia de Seguridad Nacional, es necesario que entendamos que es fundamental para el desarrollo del país, y que se tome en consideración para, no sólo mitigar riesgos, sino para establecer también una agenda preventiva[8] encausada precisamente a mitigar un posible retroceso o desaceleración en el desarrollo nacional.
Como parte de las consecuencias del impacto de éstos fenómenos que se presentaron en septiembre de 2019, se hizo evidente la carencia de cultura de Gestión de Riesgos principalmente a nivel federación. Esto es, el desconocimiento del concepto de continuidad de operaciones y del Sistema de Comando de Incidentes patentizó que no había, y dista mucho de haber, una autoridad que rija las acciones a emprender para el caso de la respuesta.
Simon Anholt, argumenta que la reputación de los países, las ciudades y las regiones es tan determinante para su avance y prosperidad como lo es la imagen de la marca para un producto o una empresa[9]. En ese sentido, y después del apoyo recibido por México debido principalmente a los sismos, algunas ONG´s internacionales han cuestionado de manera incisiva dónde ha quedado el monto que se donó para labores de reconstrucción.
Si bien en la semana posterior la imagen del ejecutivo federal subió de 16 a 23% debido a difusión en medios de información y redes sociales, no se socializaron “protocolos para mantener informadas a las personas que se ubican en las zonas de derrumbe o de riesgo, ya sea porque fueron afectadas por el sismo o bien porque se han acercado para brindar ayuda”[10].
La solidaridad y presteza de la sociedad civil y de autoridades puso a México ante los ojos del mundo, justo igual que 32 años atrás. De ahí que la imagen internacional de nuestro país creciera en una especie de rating en los días posteriores al sismo, debido a que deportistas, actores, intelectuales y otras personalidades mexicanas con reconocimiento internacional, a través de las redes sociales, promovieron la recaudación de ayuda humanitaria para la reconstrucción de las zonas afectadas, utilizando las etiquetas #FuerzaMéxico, #Méxicodepie, entre otras muchas. No hay con certeza una cifra de lo recaudado, ya que no se canalizó esa ayuda por una sola agencia, sino que fue a través de diversas instancias, tanto oficiales como privadas. Sin embargo, ante el tema latente de la corrupción, la cercanía de la etapa electoral en la que se cambia administraciones federal, estatales y municipales en diversos estados, se empezó a cuestionar el destino de esa cantidad de dinero. Sea o no responsable directo el gobierno federal, el tema es aprovechado irresponsablemente de manera electorera y afecta seriamente la imagen de nuestro país al exterior.
Lo anterior incide de manera considerable la atracción de inversiones a México, situación que lacera la economía y las obvias consecuencias que ese efecto causa.
IV. Conclusiones.
Debe quedar claro que un desastre es una construcción social, puesto que es un fenómeno, natural o antropogénico, que afecta directamente la continuidad del desarrollo de una sociedad. En ese sentido, los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017 provocaron un desastre, si sumamos sus consecuencias en las entidades afectadas.
El impacto económico, político, social y de medio ambiente retrasa el desarrollo sostenible del país al requerir una inversión sustantiva para la reconstrucción, entendida ésta como todo el proceso de regresar a la normalidad en todos los rubros y materias que se afectaron y no solamente en los aspectos materiales y de infraestructura. Sugerentemente debe incluir programas y planes preventivos y la incorporación a las agendas políticas y económicas de los distintos niveles de gobierno. Es decir, el análisis histórico indica un sismo en 1913, 44 años después el de 1957, 28 años más tarde el de 1985 y luego de 32 años el de 2017, así con una media de 36 años (+/- 8) al menos en los últimos 104 años se ha presentado un sismo de magnitud considerable que ha afectado al centro del país, principalmente a la Ciudad de México – reconociendo ampliamente que no es la única área afectable en el territorio nacional –, luego entonces podrían gestarse proyectos preventivos o fondos exclusivos para este tipo de eventos en una prospectiva a 5 o 6 lustros.
Decididamente los esquemas preventivos actuales fallaron, por el poco interés de la sociedad y de las autoridades en la Gestión de Riesgos, y por esa razón cayeron viviendas, e instalaciones vitales que frenan el desarrollo local de las entidades afectadas. El ejemplo vivo de ello fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que cerró operaciones durante 3 horas y 46 minutos, tiempo en el cual se afectaron 180 vuelos domésticos e internacionales, y se logró reestablecer la operatividad, o sea, se regularizó el itinerario 7 horas después. Además hubo una afectación visible en el acceso vehicular, que también retrasó, aunado al tráfico, la evacuación de pasajeros que arribaban a la ciudad. El AICM es una instalación vital, de importancia invaluable por su cantidad de vuelos (conexiones) con el extranjero y la recepción de mercancías y pasajeros.
Las consecuencias políticas de ese par de eventos, los sismos, pudieron verse reflejadas en el clima social de las campañas políticas, que de por sí ya son un motivo de hartazgo social y sectorial. Además, hubo demostraciones serias de la pérdida de gobernabilidad en algunas zonas de la Ciudad de México y en municipios identificados en un par de entidades afectadas. Es decir la pérdida de gobernabilidad -que podemos explicar como un equilibrio dinámico entre el nivel de demandas sociales y la capacidad del sistema político para responder de forma legítima, oportuna y eficaz- fue notoria. Pero no únicamente en razón de estos eventos telúricos, sino en razón de cada desastre que sucede en el país, principalmente los ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos.
Aunado a lo anterior, la carencia de gobernabilidad, en los términos explicados, provoca también una ausencia de gobernanza, la cual podemos entender como como la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía; y la evidencia de que no es así es palpable desde muchos puntos de vista. Sin embargo, y circunscribiéndonos a la Gestión del Riesgo de Desastres, la gobernanza, también se da en términos sociales o de funcionamiento institucional, esencialmente la interacción entre sus distintos niveles, sobre todo cuando se producen grandes cesiones competenciales hacia arriba y hacia abajo (la descentralización territorial). A este respecto, mencionaré que hay una gran área de oportunidad para establecer los conceptos que la Gestión Predictiva engloba.
También y muy especialmente, la forma de interacción de las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas o con la sociedad civil (empresas patronales, sindicatos, y otros), que no obedecen a una subordinación jerárquica, sino a una integración en red, en los que se ha denominado “redes de interacción público-privado-civil” a lo largo del eje local/global.[11] , Si bien, la sociedad pretende casi siempre que el gobierno resuelva todo, la gobernanza es un concepto que proyecta la calidad, la eficacia y la buena operación de un sistema gubernamental, y en el aspecto administrativo y estratégico de la Gestión de Riesgos, no existió ni calidad, ni eficacia ni una buena operación.
El impacto de estas carencias en la Seguridad Nacional es perceptible cuando se tiene una sociedad con nula cultura preventiva, resultado de la nula cultura preventiva de las autoridades responsables, que no sólo son las de Protección Civil, si no las de Educación Pública, las de las finanzas públicas, las de obras públicas y principalmente los Poderes Ejecutivos, de los tres niveles gubernamentales, que intervienen directamente para generar, y en muchos casos impedir, la realización de obras tendientes a la reducción y mitigación del riesgo y de amenazas.
Se dejó notar también la falta de una Política Nacional de Gestión del Riesgo del Desastres, ya que a pesar de que existe una Estimación del Riesgo, con acciones y procedimientos que generan el conocimiento de los peligros o amenazas, se analiza la vulnerabilidad y se establecen los niveles de riesgo que permiten la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres, no se llevan a cabo acciones orientadas a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible (Prevención y Reducción del Riesgo).
En cuanto a Preparación, respuesta y rehabilitación se refiere, con sólo mencionar que un par de horas antes del evento se realizaron simulacros con una hipótesis muy cercana al evento del 19 de septiembre, podemos realizar una autoevaluación de la oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, para normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. Y por último, el tema de Reconstrucción, que sigue en proceso, pero con paso lento.
En México, nos hace falta hacer prevención en muchos aspectos, pero sobre todo, hacerla de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, en sus muy distintos rubros, que existe en las diferentes zonas de nuestro país.
Considero que la afectación más importante a la Seguridad Nacional de los sismos de septiembre de 2017, fueron el retroceso en los temas de Gestión del Riesgo de Desastre, que incluyeron una desinformación a la sociedad, en la que se vio involucrada una de las instituciones de mayor prestigio del país, por la falta de ética periodística, por ejemplo. La imagen internacional, con el tema de la corrupción en relación a la ayuda humanitaria, se vio enormemente afectada. Más aun, cuando en mayo de 2017 se presumía al Sistema Nacional de Protección Civil como el mejor del mundo.
No se puede ser arrogante, mucho menos ignorante, cuando se trata de temas tan sensibles.
Mtro. César Orlando Flores Sánchez.
[1] Martínez Serrano, Alejandro. ¿Qué es la Seguridad Nacional? www.tuobra.unam.mx. Mayo 2001.
[2] Maciel Padilla, Agustín. La Seguridad Nacional: Concepto y Evolución en México. El Colegio de San Luis.2002.
[3] Flores Sánchez, César Orlando. Protección Civil: Indispensable para la Seguridad Nacional. ALADIPROC. 2016.
[4] Barajas, Gabriela y Piñeiro, José Luis. La Seguridad Nacional con Fox. Avances analíticos, retrocesos reales. Colmex.2006.
[5] Fuente. INEGI.
[6] www.eleconomista.com.mx/empresas/Impacto-economico-del-sismo-del-19-de-septiembre-20171021-0003.html
[7] Flores Sánchez, César Orlando. Op. cit.
[8] Flores Sánchez, César Orlando. Op. cit.
[9] Simon Anholt, “Nation-Brands of the Twenty-First Century”, en Journal of Brand Management, vol. 5, Núm. 6, julio de 1998, pp. 395-406
[10] http://www.animalpolitico.com/2017/09/pena-mancera-imagen-medios-sismo/
[11] Flores Sánchez, César Orlando. Op. cit.
Excelente artículo, gracias por compartir.
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