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martes, 26 de febrero de 2019

Presunta corrupción en Protección Civil


Por Raymundo Padilla Lozoya*

El reciente Informe entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha desvelado lo poco que aún quedaba en duda de los inadecuados procedimientos desarrollados por la administración federal peñaniestista, en materia de Protección Civil, en los tres niveles de gobierno.
En los procesos reconstructivos iniciados el 7 y el 19 de septiembre, tras los intensos sismos del año 2017, se documentaron deficiencias y actos de presunta corrupción que debían investigarse. Ante esa situación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha expuesto lo costoso e ineficaz del procedimiento de respuesta y reconstrucción, pero además las condiciones que propician corrupción (2).
En síntesis señala que fueron documentados diversos actos indebidos, tales como:
a)    Desempeño inadecuado de funciones.
b)   Asignación imprecisa de recursos del Fonden (Fondo Nacional de Desastres).
c)    Capacidades deficientes en las principales dependencias responsables de la prevención y de la atención de los daños.

Desde hace años, integrantes del Colegio Mexicano de Especialistas en Gestión de Riesgos y Protección Civil, han expuesto y denunciado públicamente irregularidades en los proyectos para la realización de los atlas municipales y estatales, coordinados por la Secretaría de Gobernación. Estas acciones, han cobrado un mayor sustento con el informe de la ASF al encontrar que el “85.7 por ciento de los 699 municipios afectados por los sismos en 9 entidades carecía de Atlas de Riesgos. [Y] en el caso de Guerrero, ninguno de los 19 municipios que registraron daños contaba con ese instrumento de prevención” (1).


Otro aspecto muy lamentable de la administración anterior es el retroceso en materia de Protección Civil, ya que poco se hizo para impulsar la transformación del sistema hacia un modelo más preventivo. Por el contrario, durante toda la administración peñanietista se fortaleció el carácter reactivo y poco se hizo por mejorar la prevención. Aunque, discursivamente, mucho se dijo del supuesto cambio que debieron encabezar la Secretaría de Gobernación y los tres niveles de gobierno que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil.
Entre las dependencias peor evaluadas en el Informe de la ASF se muestra a la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), por diversos motivos, entre ellos:
a)    Realizó SEDATU evaluaciones de viviendas sin personal capacitado.
b)   Elaboró SEDATU diagnósticos incompletos para solicitar recursos del Fonden para labores de reconstrucción.
c)    Entregó SEDATU censos y padrones erróneos, con duplicidad de nombres y cifras imprecisas de viviendas.

Con relación a los censos y padrones de SEDATU, la ASF también expuso que Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros) omitió elaborar mecanismos de control, y eso propició la duplicidad de tarjetas de débito cargadas con los recursos del Fonden para los damnificados.
Para la ASF fue irregular la asignación de recursos del Fonden que ascendieron en el año 2017 a 17 mi millones de pesos, pero también documentó errores en los procedimientos evaluativos que debieron realizar diversas dependencias. "La Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) no implementó acciones de coordinación efectiva que permitieran crear sinergias con las instituciones y entidades federativas responsables de la operación del Fonden", agregó. El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobernación no dio seguimiento al desempeño de la CNPC, ni identificó o analizó los riesgos y las acciones correctivas en la ejecución de las actividades del Fonden. Los órganos internos de control en la Secretaría de Educación Pública y Comisión Nacional del Agua no efectuaron revisiones a los recursos ejercidos del Fonden [ni] se revisaron los avances físicos y financieros de las obras de reconstrucción”.
Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación tiene un plazo de 30 días para presentar la información solicitada y realizar las consideraciones pertinentes para confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse, según corresponda. Lo  mencionado por la ASF es solamente una parte de los casos que han sido documentados, sin embargo se sabe de más prácticas indebidas de funcionarios de centros de investigación que disponen de personal y equipamiento para labores particulares, proyectos con recursos pero sin productos entregados, personal que labora en un mismo proyecto pero recibe pago como funcionario y como empleado del mismo, manejo de influencias, supervisión de proyectos privados en horarios laborales del sector público, entre otras.
También es importante destacar que el Informe de la ASF muestra los huecos legales que han impedido el cumplimiento con disposiciones legales. Por ejemplo se señaló que aunque se emiten fichas con recomendaciones para mejorar la seguridad en inmuebles de la administración pública y del sector financiero, NO se atienden, debido a que la Coordinación Nacional de Protección Civil, mediante la Dirección General de Protección Civil carecen de atribuciones para imponer sanciones por incumplimiento.
David E. León Romero
Así, vivimos en un contexto de presunta corrupción, en el que algunas instituciones y dependencias especializadas en la protección civil simulan prácticas y responsabilidades, construyendo así, condiciones adversas que magnifican la complejidad de los escenarios de cada desastre. Dura tarea tienen los servidores públicos que actualmente se desempeñan en los puestos estratégicos. Pero debe evitarse incluir a quienes estuvieron involucrados en los casos  referidos por la ASF, pues estarían siendo premiados, en lugar de enfrentar las consecuencias de su mal desempeño en actos de corrupción. 

Existe suficiente personal, profesional y altamente calificado en la academia y en la práctica, para ocupar los puestos estratégicos, pero depende directamente del Coordinador Nacional de Protección Civil, el comunicólogo y político David E. León Romero, la selección directa de los mejores y de los peores. El tiempo siempre produce evidencia para evaluar el desempeño. Lo peor, ya lo conocimos en la administración anterior y por ello las expectativas actuales son muy altas…

(1) “Reprueban Política de Protección Civil”, en Reforma (24 de febrero de 2019), p. 4. 
(2) "Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017", Auditoría de Desempeño: 2017-0-04100-07-1679-2018.

* Periodista, historiador y antropólogo, especialista en riesgos y desastres, Universidad de Colima. Email: rpadilla@ucol.mx

3 comentarios:

  1. Excelente. Se me hace increíble que quienes propiciaron la involución, el retroceso, quienes fracasaron rotundamente el 19S y en general en todo el sexenio peñista se dedicaron a sumar muerte, empezando con INGRID y MANUEL, pasando por el 19S, y terminando con la inacción de meses en el impacto de un ciclón tropical en Nayarit, sigan ahí. El coordinador parece una buena persona, pero acaso ¿el que no conoce a Dios, a cualquier Santo se le hinca?

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    1. política de México, si es autoridad y multa, si sabe, la protección civil en nuestro bello México es la dependencia que presume las multas mas caras y la dependencia que no esta bien regulada es protección civil, pues en muchos municipios no existe un reglamento, pero si existe una ley de ingresos que avala la expedición de permisos en materia de protección civil

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  2. Señores la corrupción en materia de protección civil es un tema mas que evidente, el sismo de 2017 fue pagado por los particulares, (estancias infantiles y escuelas privadas), el gobierno sin ninguna base legal no pidió, exigió a los particulares que tomaran en sus manos una actividad que le pertenecía y correspondía al gobierno en sus tres niveles, dichas actividades fueron:

    1. elaboración de dictámenes de seguridad estructural, mismos que no tienen un sustento legal, ese dictamen no fue gratuito pues por lo menos en puebla el particular tuvo que pagar costos que van de los 5000 a los 120000 pesos mexicanos, dicho dictamen debía ser elaborado por personal autorizado por los ayuntamientos y era una condicionante para que las escuelas siguieran funcionando.

    2. existe una sobreregulación en materia de protección civil, esto es, en cada entidad federativa se expiden autorizaciones a los particulares que tienen costos que varían y van de los 3000 a los mas de 20000 como es el caso de Jalisco en donde el particular realiza su solicitud y le responden con tramites ocultos y no sustentados en ley alguna en donde se expide una acreditación como consultor en materia de protección civil y una como consultor para la elaboración de programas internos de protección civil, pero no faltando cándido lo paga sin consultar la ley y ver que el primero y segundo de los conceptos si existen en el mismo articulo y no existe variación, pasado este tema se encuentra el alegre, pesudo y cándido comerciante de la protección civil que cada municipio alegando su libertad y soberanía establece también un costo mayor al estado y que desconoce a las acreditaciones emitidas por el estado, tal es el caso de Puebla, que en cada municipio se debe pagar cifras que van de los 3600 en el caso de puebla capital, 6000 en el caso de san Andres cholula, entre algunos casos representativos, encontrando que en los listados de protección civil se encuentra la esposa del jefe del departamento jurídico de Protección Civil en el Municipio de Puebla, persona que incluso no tiene la acreditación estatal. La protección civil en el territorio nacional se ha visto como un fin mercantilista, área de oportunidad de negocios y premio de consolación para el que no logro un puesto mas disputado, esto es anduviste de arrastrado y barbero en mi campaña, pero no tienes capacidad para otra cosa "aunque sea ten el encargo de protección civil"

    3. la pagina en la cual se tramitaría el registro nacional en materia de protección civil esta en proceso de construcción desde hace mas de 4 años, cuando hablan del proceso de construcción me imagino que el proceso y resultado de construcción sera del tamaño de las torres petronas.

    Espero que la protección civil en México de verdad cambie y se aplique a cabalidad el articulo 17 de la Ley General de Protección Civil y se desaliente la proliferación de los mercaderes improvisados de la Protección Civil (personas que hacen refritos de programas internos) que no solo no fomentan la competencia, sino prostituyen la protección civil pues copian un programa mal realizado y aplican el mismo machote tanto a un cabaret, como una iglesia o un colegio, actividad no solo solapada por autoridades corruptas, sino que además es motivo de moche entre autoridad y comerciante.

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