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martes, 15 de enero de 2019

16 años de “protección” simulada


Por Raymundo Padilla Lozoya*

La noche del 21 de enero de 2003, a las 20 horas con seis minutos, se presentó en el estado de Colima, y la región, un intenso sismo de magnitud 7.6 con epicentro frente a la franja costera de Cuyutlán. En este evento perdieron la vida, oficialmente, 21 personas, hubo daños en 32 mil viviendas; de ellas fueron demolidas cuatro mil. En el sector educativo, 280 escuelas sufrieron afectaciones, entre ellos 93 edificios, laboratorios y aulas de la Universidad de Colima y otras instituciones, así como 14 templos se dañaron. Además ocurrieron múltiples perjuicios a la infraestructura carretera y oficinas públicas y privadas. El costo total estimado de la reconstrucción ascendió a los 2000 millones de pesos provenientes del gobierno. Y cabe destacar que no se estimó el costo privado invertido en labores de reconstrucción. Por lo anterior, ese sismo detonó el primer gran desastre del estado de Colima en el siglo XXI.

Improvisados techos de cobija servían de refugio a los niños en las calles, un día después del sismo del 21 de enero de 2003. Foto Raymundo Padilla Lozoya.
La reconstrucción fue muy complicada. El desastre se presentó en medio de un proceso electoral por la gubernatura. Por ello múltiples acciones se politizaron. Lo más lamentable cuantitativamente fue que los recursos federales del Fonden para la reconstrucción fluyeron cinco meses y medio después, hasta el 7 de julio, pasada la elección. Mientras tanto, el gobierno del estado solicitó créditos para iniciar la reconstrucción.
A nivel nacional y local se carecía de formato adecuado para registrar los daños, por ello el Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Estado de Colima improvisó una propuesta que fue aceptada y aplicada localmente. Posteriormente, ese formato creado en Colima fue utilizado en desastres ocurridos en Baja California Sur, Coahuila y Guanajuato. Cuesta trabajo creer que eso ocurrió en 2003, después de los sismos de 1985, cuando se hicieron tan necesarios esos formatos y desde entonces debieron institucionalizarse. Pero no fue así. Lo más increíble es que tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, se hizo notable que el reporte de daños sigue siendo un galimatías. Tras ese evento hubo municipios donde se implementaron diversos formatos para registrar la misma información, porque no había consenso entre las instituciones encargadas de la reconstrucción. Y durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, en la Delegación Iztapalapa, su director, Ing. Luis Eduardo Pérez-Ortiz Cancino, en compañía de su equipo, desarrolló un modelo de sistematización de daños que luego fue galardonado por la ONU, por su eficiencia. Así, cuesta mucho trabajo creer que en verdad existen mejoras, cuando lo más elemental sigue siendo obsoleto en la mayor parte del país ante los frecuentes sismos.
Es importante hacer notar que en Colima, después del sismo del 2003 hubo mejoras a la reglamentación para la construcción de viviendas. Sin embargo, en 16 años, en pocas viviendas se han documentado acciones para reforzarlas materialmente para resistir otro sismo similar. La reglamentación en materia constructiva aplica con regularidad en la capital del estado, pero en localidades menores existe muy poca o nula vigilancia de la aplicación de la normatividad. Así, poblaciones muy expuestas, asentadas en toda la franja costera colimense, por ejemplo Cuyutlán, han ampliado su mancha urbana, sin que la población recurra a especialistas ingenieros civiles o arquitectos. Cabe destacar que en  sitios costeros del Pacífico mexicano, la vulnerabilidad de las construcciones también se incrementa debido a la severa salinidad que es desplazada por los vientos, la cual se filtra en el concreto y corroe hasta el metal de los castillos.
A 16 años del sismo en Colima, es muy poco lo avanzado en prevención localmente. En gran parte se debe a que se ha menospreciado y desvalorado la labor de Protección Civil. Por ello han sido nombrados ciertos funcionarios inadecuados para implementar la prevención. Se ha privilegiado al personal para respuesta a emergencias, sin más visión estratégica para desarrollar una planeación de gran escala que incida de manera transversal en diferentes áreas fundamentales para el desarrollo sostenible. Es más, ni siquiera existen los suficientes reglamentos, y los disponibles, son obsoletos.
Entre los escombros, un pequeño espera en su porta bebé a sus padres, quienes buscan pertenencias antes de mudarse. Foto Raymundo Padilla Lozoya.
A 16 años del sismo, varios de los personajes siguen gozando de puestos políticos, sin que hasta ahora se noten beneficios para mejorar la Protección Civil en el estado de Colima. Por ejemplo, en 2003 el alcalde de Manzanillo era el priísta Rogelio Rueda, y hoy es Presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado. ¿Qué se puede esperar de su labor, si Manzanillo es de las ciudades donde más se padecen problemas de urbanismo e inundaciones? En el 2003, el director estatal de Protección Civil era Melchor Urzúa Quiróz, quien hasta hace pocas semanas ostentaba el mismo puesto y ahora fue nombrado Presidente de la Junta de Gobierno de la Unidad Estatal de Protección Civil. Y su sobrino, Ricardo Ursúa Moctezuma, ha recibido del gobernador, la estafeta de la dirección de la protección civil estatal, en un claro caso caracterizable como nepotismo.
En síntesis, ninguno de ellos cuenta con la formación acreditada en Gestión Integral de Riesgos y Desastres, requerida para desarrollar la prevención profesionalmente y de manera óptima. Por lo anterior, la protección civil en Colima seguirá -por varios años- siendo “solamente” reactiva ante emergencias (y con muchas deficiencias). La prevención tardará años en reponerse del retroceso en el que la han sumido ciertos políticos, por intereses personales y familiares. Esa lamentable condición nos hace, cada día, más vulnerables ante otro sismo. Así, en 16 años, principalmente se ha simulado la protección, antes, durante y después de los simulacros. 

* Periodista, historiador y antropólogo, especialista en riesgos y desastres, Universidad de Colima. Email: rpadilla@ucol.mx

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