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viernes, 23 de febrero de 2018

“SABIA VIRTUD DE CONOCER EL TIEMPO…”



Así iniciaba Renato Leduc su soneto del tiempo, que se hizo famoso interpretado en las voces de Marco Antonio Muñiz y José José. Y lo anoto porque en parte de nuestra historia legislativa de Sonora, a mediados del año 2009 la exposición de motivos de la Iniciativa para la Ley-Decreto 194 decía: “El Estado tiene entre sus objetivos realizar acciones orientadas a la protección de las personas frente a los peligros y riesgos de desórdenes o trastornos provenientes de elementos, agentes o fenómenos naturales o humanos, que puedan dar lugar a desastres y la consecuente pérdida de vidas, provocación de lesiones, destrucción de bienes materiales, daño a la naturaleza y, en general, la interrupción del desarrollo normal de la vida  cotidiana”.

De inmediato, al darse a conocer y previo a su pase al Pleno del H. Congreso, el Consejo INCIDE una vez revisada en lo general la propuesta, y haciendo nuestra la célebre frase de Benjamín Franklin "Las leyes demasiado benignas rara vez son obedecidas; las demasiado severas, rara vez ejecutadas", procedimos a enviar oficio, en dos ocasiones (julio y agosto), al Presidente en turno del Poder Legislativo solicitándole se detuviera su aprobación exprés para ser sujeta a revisión y análisis de manera integral, ya que la medida respondía a un auto-flagelo gubernamental ante la furia y frustración social producto de la peor tragedia infantil en México. Obviamente, como la mayoría de las veces sucede, las voces ciudadanas no fueron escuchadas y la iniciativa fue aprobada y publicada ese mismo mes de agosto de 2009.

El tiempo transcurrido nos dio la razón, el objetivo no se cumple a cabalidad, la norma se convirtió en represiva (hasta para la propia autoridad) y nunca preventiva. Si consideramos a las acciones de inspección y dictaminación como los esquemas de prevención del riesgo, históricamente, según datos extraoficiales, de los más de 50 mil establecimientos que según datos del INEGI se consideraban como sujetos obligados de acuerdo a las supuestos de la Ley, las autoridades competentes solo han tenido capacidad material, técnica y humana para atender menos del 4% de ellos, sin considerar que en lo general a los edificios públicos en ese período no fueron dotados de presupuesto para cumplir con las condicionantes de seguridad que el propio gobierno exige a los particulares. Es decir, entramos a un proceso de simulación donde parecía que el ciudadano cambiaba de estatus de seguridad dependiendo si el establecimiento era de uso público o privado.

Me decía una persona que fue funcionario público y a la que le tomé estima por su Don de gente, “Arquitecto, no te desgastes, no trates de entender, nunca vas a pensar como político, ni los políticos van a pensar como tú”. Ese concepto lo reafirmo ya que a veces tengo la ligera percepción de que los políticos se creen eternos en sus puestos, que no visualizan que, afortunadamente en México, los gobiernos solo duran tres o seis años, pero percibo también, que no entienden que la sociedad civil a través de sus organismos intermedios continúan en el tiempo, y quienes tienen la virtud de la constancia encontrarán el tiempo adecuado para continuar con sus propuestas.

Pero bien lo dijo el poeta Arturo Graf, a finales del S.XIX, "La constancia es la virtud por la que todas las otras dan su fruto". Después de insistir casi nueve años en el cambio de Ley, la actual Administración Estatal en Sonora encabezada por la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, muestra apertura y dispone involucrar a varias de sus dependencias y a representantes de la sociedad civil a trabajar en una propuesta donde si bien es cierto que nadie puede “llevarse todo el pastel” se genera el consenso en los aspectos que a las partes benefician en busca del bien social.

Después de integrarnos en una Comisión Técnica especializada y plural, durante 18 sesiones en el año 2017, trabajamos de manera objetiva en el análisis y mejora del impacto regulatorio y los resultados que históricamente ha han obtenido con la actual Ley 161 de Protección Civil, y el pasado 9 de febrero, diversos organismos de la Sociedad Civil, entregamos al Diputado Carlos León García, Presidente de la Comisión de Protección Civil del H. Congreso del Estado, un documento respaldando la iniciativa de Ley de Protección Civil que contiene los puntos de coincidencia entre las partes y que una vez aprobada, permitirá trabajar en las normas secundarias para su mejor instrumentación.

Estamos en la etapa de que la Comisión citada y el Pleno del Congreso hagan su trabajo de manera eficiente y oportuna, por lo pronto consideramos que en los aspectos normativos, tanto jurídicos como técnicos, tenemos en proyecto una Ley mejor que la hasta hoy vigente, que mejore los procesos de gestión sin menoscabo de la seguridad de la población, y que al mismo tiempo sea de fácil instrumentación y promotora de su cumplimiento con un enfoque prospectivo y preventivo en virtud de que se camina de frente y hacia delante, tomando en cuenta que es una Ley perfectible más no imperfecta, con sentido incluyente y de corresponsabilidad, que promueve su cumplimiento, la prevención o mitigación de riesgos y el respeto a los derechos humanos como política pública de gobierno.

En la parte institucional, en la nueva norma se reestructura la Unidad Estatal de Protección Civil ahora en figura de Coordinación y como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá mayor cobertura geográfica y capacidad de respuesta y además, se define en busca de mayor eficiencia y eficacia en la respuesta a la gestión y atención de emergencias, una mayor jerarquía administrativa a las Unidades Municipales de Protección Civil pasando a Coordinación.

En lo normativo presente y futuro de mediano plazo, se armoniza en lo general a la Ley General de Protección Civil haciéndola supletoria a lo que la Ley estatal no considera y se vincula en lo general como parte de la política pública del Ejecutivo Estatal, a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

En los aspectos de prevención, resiliencia y corresponsabilidad, el Gobierno del Estado y los Municipios se asumen como sujetos obligados al cumplimiento de la Ley en responsabilidad y equidad con los particulares, se formaliza la adquisición a través del FONDES, de instrumentos financieros para la transferencia de riesgos generados por fenómenos perturbadores naturales y se redefine la figura de Empresas Especializadas, al garantizar en el proceso de registro, su calidad y capacidad técnica y otorgándoles corresponsabilidad sobre los trabajos que realicen en materia de protección civil, lo que coadyuvará agilizando los procesos internos de gestión al contar con productos de mayor calidad.

Para el procedimiento de gestión y mejora regulatoria, se redefine el concepto de “afluencia masiva” eliminando la frase “en un período de 24 horas” con lo que especifica el universo de sujetos obligados al cumplimiento de la Ley, pero conservando el principio de seguridad bajo la normatividad municipal; se redefinen también los listados de establecimientos sujetos obligados aclarando el ámbito competencial del Estado y los Ayuntamientos en cuanto a la distribución de los sujetos obligados a la presentación de diagnósticos de riesgo y programas internos de protección civil, lo que coadyuvará en mejorar los mecanismos de atención a los sujetos obligados para la gestión del riesgo, sumando con ello al enfoque preventivo.

Por último, en cuanto a la gobernanza en materia de protección civil, queda el compromiso del Coordinador Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil, para que una vez promulgada, la instrumentación de la Ley en sus aspectos generales, se continúe con la participación de la sociedad civil organizada, en el análisis y reforma del Reglamento de Ley y los Términos de Referencia aplicables y en las instancias competenciales respectivas.

Continuaremos dando seguimiento al avance en el Legislativo, y por lo pronto, agradecer a la Secretaría de Economía que a través de la Dirección General de Mejora Regulatoria (COMERS)  convocó la integración del comité técnico y brindó todas las facilidades para su funcionamiento, y reconocer la apertura mostrada por Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Jefatura de la Oficina de la Ejecutivo Estatal, Secretaría de Gobierno y a la Unidad Estatal de Protección Civil para llevar a buen término éste proyecto que integra el conocimiento, experiencia y colaboración para una nueva Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora.

…“Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo”…. Nos leemos pronto.





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