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viernes, 29 de septiembre de 2017

ATLAS DE RIESGO MUNICIPALES

ATLAS DE RIESGOS MUNICIPALES
Ing. Juan Antonio Serrano Sainz



Que tal amigos, esta aportación me toca redactarla en el marco del Segundo Congreso Internacional auspiciado por el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección civil, A.C. y de nuestros colegas miembros de la ASEHPROC en la bella ciudad de Playa del Carmen, Q. Roo, y en particular en las instalaciones del complejo turístico Xcaret.

El tema del cual quiero platicar, se da en una coincidencia de estarlo estudiando dentro del Diplomado de Gestión de Riesgo en la ENAPROC campus Chiapas y que en el programa del Congreso se tocó de manera puntual por tres conferencistas con diversos enfoques.

Retomando información tanto del Diplomado como del Congreso, se pueden enfatizar algunos conceptos, objetivos y fallas en su implementación.

Dentro de la normatividad de Protección civil tanto en la Ley general como en las leyes locales, no se establece de manera clara y puntual la obligación de los ayuntamientos de generarlos, muchos menos de quien es responsabilidad hacerlo, aun cuando el Gobierno federal ha invertido una cantidad importante (no suficiente) para apoyar a municipios a su elaboración.

Los esfuerzos en su financiamiento han sido a través de SEDESOL hoy por parte de SEDATU, con una total desvinculación con el CENAPRED órgano que por Ley le corresponde la “administración” del Atlas Nacional y el establecimiento de las metodologías para la elaboración de los correspondientes en los estados y municipios para su incorporación al Atlas Nacional, por lo que la mayoría de los Atlas municipales financiados no se pueden integrar al Atlas Nacional por no ser compatibles, es decir su utilidad es parcial, sin demeritar aquellos que han servido a los municipios para su toma de decisiones tanto en prevención de emergencias y ordenamiento territorialmente, que desgraciadamente son los menos. Es decir la inversión realizada no fue la óptima.

Entendiendo que dentro de la ambigüedad mencionada, uno de los objetivos importantes de los Atlas de riesgo municipales, es darle a los ayuntamientos una herramienta importante para sus programas de ordenamiento urbano con el establecimiento de sus áreas de riesgos y reordenar su crecimiento o marcar acciones de mitigación que minimicen el riesgo de desastres. Pero, en este punto, tampoco existe dentro de la normatividad una obligación clara para que estos documentos se publiquen en sus respectivos órganos oficiales de difusión para que se constituyan en norma de observancia tanto para autoridades y particulares.

Entonces al no constituirse como documentos oficiales, no hay apego a las restricciones de construcción o acciones de mitigación en las áreas de riesgos, y continua el crecimiento anárquico y la generación de una mayor construcción social de riesgos y más alta vulnerabilidad física.

Pareciera que a nadie le interesa la consolidación de una herramienta tan importante para la gestión de riesgos desde lo local, como lo son los atlas de riesgos municipales, un marco normativo poco claro que no lo define conceptualmente, que no establece obligación para hacerlo mucho menos publicarlo, una falta importante en la vinculación entre las autoridades que tienen su participación dentro del tema de ordenamiento urbano, equilibrio ecológico y protección civil que no ha permitido una atención transversal a la implementación de este programa. Todos estos factores se plasman en una realidad, aproximadamente solo 300 municipios cuentan con una atlas de riesgo y muchos menos lo tienen publicado para una aplicación tangible, aunado a otra problemática que es que su actualización no se realiza y van perdiendo vigencia para la toma de decisiones.

Una consideración que podemos agregar, es que los pocos municipios que se decidieron hacerlo, lo hicieron con fines económicos, es decir estar en posibilidad de recibir fondos y apoyos por parte de la federación que para tener acceso a ellos, se obligan a contar con ellos, no nacen o nacieron de un interés real de tener un mejor ordenamiento territorial.


Nuestra obligación como consultores es presionar a las autoridades correspondientes para que de inicio se modifique la Ley General y normas complementarias y correlacionadas para que se establezca conceptualmente el término y las obligaciones para quien o quienes tienen que hacerlo y publicarlo, de otra manera no se avanzará mucho en esto.

Me despido agradeciendo todas las atenciones brindadas por los organizadores del Congreso y felicitándolos por este brillante evento. Enhorabuena. Un gran esfuerzo para la difusión de la cultura de la Protección civil y la gestión del riesgo de desastres. Estamos mas unidos que nunca y queremos ser parte del cambio de paradigmas para poder ser mejores para prevenir desastres y en todo caso mejorar nuestra respuesta ante la posibilidad de su presencia.

Nos vemos en nuestra próxima participación

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