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jueves, 17 de agosto de 2017

¿Cuánto cuestan los desastres en México?

Rafael Marín Cambranis


Aunque soy sociólogo, a lo largo de mi vida profesional he convivido con académicos y compañeros que por su propia formación requieren de datos duros. En el tema de riesgos esta información suele ser difícil de conseguir, si bien el CENAPRED publicaba año con año un compendio sobre las características e impacto de los principales desastres que ocurren en la República Mexicana, a partir de 2013 estos estudios se han resumido a tal grado, que gran parte de la valiosa información que ofrecían ya no ve la luz.

Aquellos que nos dedicamos al estudio de los riesgos estamos conscientes de que el primer paso para gestionarlos, es identificarlos. Para lograrlo, es preciso mirar al pasado; contar con información sobre los lugares en donde han impactado los diferentes tipos de fenómenos; los daños y pérdidas que se registraron; los sectores que afectó, así como las características propias de los fenómenos.

En México, al igual que en gran parte del mundo, el costo de los desastres se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Mientras que en el periodo 1980-1999 el costo promedio anual era de 701 millones de dólares, en el periodo 2000-2015 esta cifra aumentó a 1,786 millones de dólares. El presupuesto asignado al sector salud en 2017.

Resulta fundamental analizar las razones por las cuales los daños y pérdidas se siguen incrementando con el paso del tiempo. Una de las principales es el aumento del sistema afectable, es decir, el crecimiento que están teniendo las ciudades, tanto en extensión territorial como en el aumento de su población. Además, este crecimiento es más acelerado en regiones en las que existe una alta incidencia de agentes perturbadores. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, en donde impactan frecuentemente ciclones tropicales, en 1960 residían poco más de 50 mil habitantes; en la actualidad, es habitado por más de 1.3 millones de personas.

Otras de las razones importantes son las condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México el 46.5% de la población se encuentra en situación de pobreza; no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, se puede inferir que dicha población vive en condiciones de vulnerabilidad, y una proporción importante en viviendas susceptibles de daño ante el impacto de cualquier tipo de fenómeno.

Asimismo, transitar de un esquema reactivo a uno preventivo (frase que venimos escuchando desde hace varios años y que en la realidad no se ha dado) es primordial. Basta comparar los montos que se invierten en prevención con los que se destinan a la reconstrucción de daños. En promedio, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) destina anualmente 225 millones de pesos para la realización de proyectos preventivos, mientras que el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) invierte alrededor de 13,737 millones de pesos al año. No sólo es incongruente la manera en la que se invierten los recursos, también lo es el nombre de ambos fondos, pues los desastres, como lo hemos venido explicando a lo largo del texto, no son naturales.

En el periodo 2000- 2015, los años que mayores daños y pérdidas dejaron en el país fueron: 2005, cuando impactaron los ciclones tropicales Emily, Stan y Wilma; 2007, con las históricas inundaciones de Tabasco; 2010, cuando el huracán Alex dejó severos daños en Nuevo León, especialmente en la ciudad de Monterrey; y 2013, año en que Ingrid y Manuel impactaron de manera simultánea.

Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del CENAPRED

En cuanto al número de muertes sobresale 2013, cuando más de 300 personas perdieron la vida a consecuencia de desastres asociados a la ocurrencia de algún fenómeno natural. De hecho, el número de muertes relacionadas con ciclones tropicales fue de 300, la cifra más elevada desde que se instauró el Sistema de Alerta Temprana ante Ciclones Tropicales.

Aunque estos no dejan de ser datos interesantes, lo importante es canalizar los esfuerzos en aumentar la resiliencia de nuestro país, trabajar desde lo local, evitar la construcción de nuevos riesgos y generar capacidades en la población. De llevarse a cabo, todo esto se verá reflejado en las cifras que aquí presenté.

El país cuenta con muchos profesionistas interesados en revertir la situación; en hacer de México un país seguro y menos vulnerable. Para lograrlo se requiere de voluntad política, de esa que hoy en día escasea en la Coordinación Nacional de Protección Civil, pero que afortunadamente persiste en la sociedad civil organizada; en algunos gobiernos estatales y municipales; en organizaciones no gubernamentales; en la academia, e incluso, a cuenta gotas, en algunas dependencias del gobierno federal.


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